El Gobierno realizó cambios claves en las Ofertas Públicas de Adquisición para facilitar la privatización de empresas estatales.
El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, elegido para el cargo por el Gobierno nacional de Javier Milei, aprobó cambios claves en las Ofertas Públicas de Adquisición con el objetivo de facilitar la privatización de empresas estatales, especialmente las que se dedican a los sectores de energía y gas.
De esta manera, la nueva reglamentación establecida a través de la Resolución General 1037/2024, permite la transferencia de hasta el 50% de las participaciones accionarias de las empresas estatales a un adquirente privado, sin necesidad de realizar una Oferta Pública de Adquisición de manera previa.
Según establece la nueva norma del Gobierno libertario, esta excepción firmada por Silva sobre la privatización de empresas estatales se aplica siempre y cuando el adquirente privado asuma la misma posición del Estado en un convenio de accionistas preexistente que mantenga la estructura de control de la empresa.
“La modificación normativa contempla la situación en la que un nuevo accionista asume la posición del accionista vendedor, manteniéndose intacta la participación accionaria de la sociedad controlante en la emisora afectada e incluye la adhesión del nuevo accionista a los acuerdos preexistentes, si los hubiera, lo que asegura continuidad en la gobernanza y operación, tanto de la sociedad controlante como de la emisora”, indica el parte oficial que salió de la oficina de Silva.
Privatización por decreto de empresas estatales
A través de la CNV, el Gobierno avanza en la reglamentación para concretar la privatización de empresas estatales.
Por caso, el presidente de la CNV destacó que esta medida adoptada por el Gobierno busca eliminar barreras regulatorias que “no aportan valor al propósito de protección del interés público”, al tiempo que se “fomenta un entorno jurídico adecuado” para la transferencia de activos por parte del Estado.
“La normativa dictada impulsa el equilibrio entre el interés público, la protección de los inversores y le da continuidad a línea de trabajo planteada en base a los objetivos que se propuso el Gobierno nacional, como lo hemos hecho desde el inicio de la gestión”, señaló Silva.
Es preciso señalar que, la normativa firmada por el titular de la CNV que entrará en vigencia este viernes apunta a favorecer objetivos estratégicos que se propuso la administración de Milei en torno al Estado, como la reconfiguración de su participación en sectores clave de la economía y la privatización de empresas en el marco de la reducción de la intervención de las autoridades públicas.
Cabe recordar que, en octubre de este año, el Gobierno nacional de Milei comenzó a avanzar con la reglamentación pertinente para que las empresas estatales puedan poner a la venta sus acciones en el mercado de capitales, lo que implica, en otras palabras, una habilitación a privatizar las compañías que hoy dependen del Estado argentino.
En concreto, a través de la CNV, el Gobierno buscó consolidar la privatización de empresas estatales Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), entre otras.
Es preciso mencionar que, la reglamentación para privatizar empresas estatales que publicó la CNV, va en línea con el régimen de información contable especial de carácter transitorio que habilitó el mismo organismo, con el objetivo de facilitar el ingreso a la oferta pública teniendo en cuenta las peculiaridades de las entidades privatizadas como la normativa vigente de oferta pública por acciones.
Además, la Resolución 1024/2024 que entró en vigencia el viernes 18 de octubre, explicita que la solicitud para adquirir las acciones de las empresas estatales deberá indicar el objeto del pedido e identificar, de manera precisa, el régimen en el que solicitan autorización, al cual las entidades quedarán obligadas a cumplimentar durante toda su permanencia en la oferta pública.
El pasado 10 de octubre, el Gobierno nacional avanzó en la privatización de empresas públicas y llamó a un concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas del Comahue: se trata de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
La medida fue confirmada mediante el Decreto 895/2024 publicado en Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según dispone el texto oficial, a lo largo de 180 días corridos, se llevará a cabo la transformación de estas hidroeléctricas públicas.
Desde la administración nacional resolvieron que la Secretaría de Energía, tendrá la facultad de fijar las pautas del concurso para la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades que hasta mediados del mes de agosto estaba vigente la prórroga por un plazo de un año por las concesiones de las cuatro centrales hidroeléctricas.